Panel judicial revisa enmiendas relacionadas con el camino hacia la legalización de millones de indocumentados
La reforma migratoria del Grupo de los Ocho dio un nuevo paso el lunes hacia su aprobación en el Comité Judicial del Senado e intentando sumar los apoyos necesarios para que el pleno consiga los 60 votos necesarios y enviarla a la consideración de la Cámara de Representantes.
Desde primera hora del lunes los senadores acordaron ajustar los controles sobre el sistema que otorga refugio en Estados Unidos a personas que huyen de la guerra o la persecución, reportó The Associated Press.
También aprobaron una enmienda que obliga la implementación de un programa que toma huellas digitales a los extranjeros cuando salgan del país por cualquiera de los 30 aeropuertos más transitados.
La medida, que contó con el respaldo 13 votos contra cinco, forma parte de un sistema de control biométrico promovido por varios senadores, pero considerado demasiado caro para incluirlo en el proyecto de ley.
La semana pasada una enmienda similar recomendaba una base de datos para dar seguimiento a la totalidad de extranjeros que ingresan y salen de Estados Unidos. La medida, presentada por conservadores republicanos, fue desestimada y el senador Charles Schumer (demócrata de Nueva York) advirtió que su implementación costaría a los contribuyentes unos $25 mil millones.
Enmienda de Graham
El cambio al programa de refugiados y asilados fue sugerido por el senador Lindsey Graham (republicano de Carolina del Sur). La enmienda indica que se le retiraría el estatus de asilado o refugiado a quien regrese al país de donde huyó salvo que pueda esgrimir buenas razones para hacerlo.
Graham dijo que la enmienda era necesaria en vista de las bombas en el maratón de Boston.
Los hermanos que presuntamente colocaron las bombas llegaron a Estados Unidos siendo niños cuando sus familias pidieron refugio.
La enmienda fue aprobada al comienzo de las discusiones del lunes, la cuarta ronda de revisión que busca aprobar un anteproyecto de reforma migratoria redactado por el Grupo de los Ocho y que incluye una vía de legalización para millones de indocumentados.
Lista de cambios
La comisión debe introducir modificaciones en un plan que busca ofrecer visas a inmigrantes altamente cualificados, empleados que solicita la industria de alta tecnología, pero que enfrenta la oposición de los sindicatos.
El borrador del proyecto de ley aumenta la disponibilidad de estas visas, pero incluye restricciones que buscan asegurar que los trabajadores estadounidenses tendrán la primera oportunidad de empleo. Las empresas del Valle del Silicio creen que algunas de las restricciones son demasiado onerosas y están presionando para que se ablanden.
El senador republicano Orrin Hatch, visto como poseedor del voto que inclinará la balanza en la comisión, está del lado de la industria de alta tecnología, mientras que el senador demócrata Dick Durbin, defiende la posición del sector sindical.
Los legisladores y los grupos de presión han tratado de hallar un acuerdo que consiga el apoyo de Hatch para el proyecto de ley general, pero sin alejar a Durbin, uno de sus autores.
Antes del medio día del lunes el Comité Judicial había aprobado 76 enmiendas de unas 300 introducidas a finales de abril. La instancia pretende votar antes que finalice mayo para que el pleno debata la iniciativa de ley en junio.
El comité también rechazó el lunes una enmienda que restringía los créditos fiscales a contribuyentes que sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.
La propuesta sobre los créditos fiscales fue presentada por el Senador Jeff Sessions y derrotada con votación 8 a favor y 10 en contra. Los republicanos Jeff Flake y Lindsay Graham, dos de los integrantes del Grupo de los Ocho, no favorecieron la medida del senador de Alabama.
El grupo de los Ocho se ha mantenido único en el debate de la reforma migratoria y batallara para que llegue al pleno con una vía de legalización para indocumentados.
Camino a la ciudadanía
El plan del Grupo de los Ocho incluye una vía hacia la ciudadanía cuya apertura depende de un informe del gobierno federal donde garantice que frena el 90% del cruce indocumentado en zonas de alto riesgo y 100% en el resto de la frontera.
Simultáneamente, los indocumentados deberán demostrar que están en Estados Unidos desde antes del 31 de diciembre de 2011, entreguen sus huellas digitales al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), carecen de antecedentes penales, paguen impuestos y cancelen multas.
Quienes sean autorizados para continuar, entrarán en un estado de No Inmigrante que dilatará al menos 10 años. Pero al sexto año deberán nuevamente ser fichados, pagar ora multa y continuar el proceso hasta cumplir el plazo de los 10 años.
Al término de la espera podrán iniciar el trámite para pedir la residencia permanente (green card o tarjeta verde), gestión que en la actualidad en algunos casos demora 20 años.
Una vez reciban la residencia, podrán esperar de tres a cinco años para pedir la ciudadanía.
De ser aprobada por el Senado, la reforma migratoria será enviada a la Cámara de Representantes. Si esta instancia aprueba una ley diferente, será el Comité de Conferencia la instancia que armonice ambas versiones y redacte una ley final que será enviada al Presidente Barack Obama para que la promulgue o la vete.
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